Bloque 20 - Casos prácticos de personal, justicia, protección e igualdad: preguntas y respuestas

Pregunta 476

Pablo, de 45 años, acude a un Hospital de Osakidetza para valorar el tratamiento a sus dolores en la espalda. La facultativo especialista que le atiende le explica que existen dos opciones clínicas: tratamiento conservador o cirugía. Pablo, muy ansioso, manifiesta expresamente que no quiere recibir más información técnica sobre riesgos y detalles del procedimiento, pero añade que quiere saber quién es la o el profesional responsable de su proceso y llevarse copia del informe clínico y de los datos de salud que constan en su historia clínica. Finalmente, opta por no operarse de momento, pese a que se le advierte de que esa decisión puede empeorar su estado. Pablo se niega a firmar documento alguno porque sostiene que su negativa verbal es suficiente en todo caso. De acuerdo con el tenor del Decreto 147/2015 por el que se aprueba la Declaración de Derechos y Deberes de las personas en el sistema sanitario de Euskadi, indique la opción correcta:

Pregunta 477

Paciente A, en fase terminal de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ingresado en hospital vasco, se encuentra en situación de incapacidad según opinión del médico responsable. Tiene cónyuge conviviente y dos hijos adultos, y no hay documento de voluntades anticipadas. Según la Ley 11/2016, de 8 de julio, ¿quién será la persona responsable tanto de recibir la información relacionada con el paciente como de dar o revocar el consentimiento basado en la información?:

Pregunta 478

La Organización de Servicios Integrados (OSI) de Bilbao-Basurto de Osakidetza, se convoca un proceso interno para la provisión de un puesto funcional de Técnico/a Superior de Gestión Económica. En la convocatoria se establece como requisito estar en posesión del título de Licenciatura o Grado en Derecho, Economía o Administración y Dirección de Empresas, conforme a la definición del puesto funcional prevista en el Decreto 186/2005, de 19 de julio, regulador de los puestos funcionales del Ente Público. Una trabajadora con nombramiento como Administrativa (Grupo C1), que posee el título de Grado en Derecho, solicita participar en el proceso alegando que su titulación cumple el requisito exigido y que lleva más de 10 años desempeñando funciones de gestión económica. La Dirección de Recursos Humanos inadmite su solicitud argumentando que, conforme al Decreto 186/2005, los puestos funcionales se definen no solo por la titulación, sino también por su encuadramiento en el grupo profesional correspondiente, y que el acceso requiere pertenecer al grupo de clasificación exigido para el puesto convocado. De acuerdo con el Decreto 186/2005 sobre puestos funcionales de Osakidetza, el acceso a un puesto funcional viene determinado:

Pregunta 479

Una persona trabajadora de Osakidetza ha solicitado una ayuda económica por tratamientos médicos, indicando que está recibiendo atención por parte de la Seguridad Social. Sin embargo, en la revisión de su solicitud, se observa que los tratamientos que está recibiendo están cubiertos por el sistema público de la Seguridad Social, que se considera un sistema de previsión pública. ¿Cuál de las siguientes opciones es la más adecuada respecto a la solicitud de ayuda de la persona trabajadora, en atención al Decreto 235/2007 (Acuerdo regulador de condiciones de trabajo en Osakidetza-Servicio Vasco de Salud 2007, 2008 y 2009)?

Pregunta 480

El Ayuntamiento de Hiriberde está llevando a cabo trabajos de renovación de parques y jardines. Durante una inspección realizada por una Inspectora de Trabajo y Seguridad Social, se detecta que, en una de las áreas de trabajo, los operarios que usan maquinaria pesada y herramientas eléctricas no están utilizando los equipos de protección adecuados, y las condiciones de trabajo presentan un riesgo grave e inminente para la seguridad de los/las trabajadores/as, específicamente por la falta de señalización adecuada en las áreas de maquinaria y el mal estado de las herramientas. La Inspectora de Trabajo determina que, si no se toman medidas inmediatas, podría producirse un accidente grave. La Inspectora de Trabajo y Seguridad Social ordena la paralización inmediata de los trabajos en esa zona hasta que el Ayuntamiento subsane las deficiencias de seguridad. ¿Qué debe hacer el Ayuntamiento de Hiriberde, una vez que se ha ordenado la paralización de los trabajos según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales?

Pregunta 481

El Ayuntamiento de Hiriberri se enfrenta a un desafío en su departamento de obras públicas. El equipo de mantenimiento municipal está trabajando en la renovación de las aceras en diversas zonas de la ciudad. El encargado de seguridad laboral ha recibido quejas del personal sobre algunos peligros asociados a las condiciones de trabajo, como el uso de maquinaria pesada y la exposición a ciertos productos químicos durante las tareas de pintura. Se ha observado que algunas personas trabajadoras pueden estar expuestos a vibraciones debido al uso de maquinaria pesada. También se han utilizado pinturas con compuestos químicos que podrían afectar la salud de los empleados. El departamento de seguridad está encargado de realizar una evaluación de los riesgos. Tareas a realizar: - Determinar los elementos peligrosos asociados al trabajo (maquinaria, productos químicos, etc.). - Identificar a las personas trabajadoras que están expuestas a estos riesgos. - Evaluar el riesgo en función de los criterios establecidos, considerando las opiniones de las personas trabajadoras y los conocimientos técnicos disponibles. Según el procedimiento de evaluación de riesgos mencionado en el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, ¿cuál sería el procedimiento adecuado para el Ayuntamiento al realizar la evaluación de riesgos en este caso?

Pregunta 482

Un ciudadano interpone recurso contencioso-administrativo contra una resolución administrativa firme fuera del plazo legalmente establecido. La Administración alega esta circunstancia en el proceso. En relación con este supuesto, señale la afirmación correcta:

Pregunta 483

Lierni, una trabajadora con relación laboral, es despedida pocos días después de presentar una reclamación interna por discriminación. Ella considera que el despido vulnera su derecho fundamental a la igualdad y quiere impugnarlo judicialmente, solicitando además la nulidad del despido por lesión de derechos fundamentales. ¿Qué vía procesal debería seguir de conformidad con la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social?:

Pregunta 484

Un ciudadano norteamericano, residente en Casablanca, viaja a Gazteiz-Vitoria para someterse a una intervención quirúrgica en una clínica privada. La operación, el alta y el seguimiento inmediato tienen lugar en España. Sin embargo, días después, ya en Marruecos, sufre graves complicaciones y decide plantear en España una demanda civil de responsabilidad extracontractual contra esa clínica así como contra el facultativo que le operó, sin que exista pacto de sumisión expresa o tácita. La demanda se presenta el 1 de Agosto e interesa además, con carácter urgente, la conservación de la grabación quirúrgica y de determinados registros clínicos digitales. El demandante solicita prestar declaración por videoconferencia desde Marruecos. Un enfermero propuesto como testigo y una perito del hospital anuncian que declararán y presentarán su informe en euskera. La parte demandada sostiene que: 1) los tribunales españoles no son competentes porque el demandante vive fuera de España y el resultado lesivo se manifestó en Marruecos; 2) en agosto no puede practicarse ninguna actuación civil; y 3) las declaraciones y documentos en euskera carecen de validez si no van acompañados desde el inicio de traducción al castellano. En relación con la competencia judicial internacional de los tribunales españoles:

Pregunta 485

El Instituto de Investigación Sanitaria Biogipuzkoa quiere usar para un proyecto de investigación una serie de muestras biológicas obtenidas años atrás con finalidad asistencial. Como las muestras están codificadas y no es posible localizar a varios pacientes, el correspondiente Comité de Ética emite un informe favorable. De acuerdo con la Ley 14/2017, de investigación biomédica, señale la opción correcta:

Pregunta 486

MEDVOICE S.L. es una empresa privada contratada por un Hospital público de Osakidetza que se encarga de la gestión de una plataforma de dictado y transcripción de los informes e historias clínicas. A través de ese servicio se tratan voces de profesionales, datos identificativos de pacientes y datos de salud contenidos en informes de urgencias y alta. Un paciente detecta que en un informe transcrito aparece erróneamente un antecedente psiquiátrico que no le corresponde y presenta ante MEDVOICE S.L. una solicitud de acceso y supresión . Transcurre un mes sin respuesta. La empresa finalmente le indica que no puede reclamar todavía ante la Autoridad Vasca de Protección de Datos (AEPD) porque como es una mercantil privada, la competente en todo caso sería la Agencia Española de Protección de Datos; y porque es obligatorio que se dirija con carácter previo al Delegado de Protección de Datos de MEDVOICE S.L.

Pregunta 487

Un ciudadano solicita acceso a información que se encuentra en proceso de elaboración por parte de la Administración. En relación con este supuesto, señale la afirmación correcta:

Pregunta 488

Miren de 68 años padece un deterioro cognitivo progresivo. Vive con su hijo Xabier, quien desde hace años se encarga de acompañarla al médico, gestionar sus gastos ordinarios y ayudarla en su vida cotidiana. María no otorgó previamente poderes preventivos ni dispuso ninguna medida voluntaria de apoyo. Recientemente ha surgido la necesidad de vender una vivienda propiedad de María para financiar su residencia y cuidados futuros. Según el Código Civil, ¿qué medida de apoyo debe considerarse con carácter preferente cuando resulta suficiente para atender las necesidades de la persona sin necesidad de adoptar medidas judiciales?

Pregunta 489

Kepa y Ane fallecen en un accidente de tráfico dejando una hija de 14 años, Laura. Ninguno de los abuelos puede hacerse cargo de ella. En testamento, los padres habían designado como tutor a su hermano Carlos, quien acepta el cargo. Al no existir controversia entre los familiares, se inicia un expediente de jurisdicción voluntaria para la constitución de la tutela de Laura. ¿Qué órgano es competente para tramitar el expediente de constitución de la tutela en jurisdicción voluntaria?

Pregunta 490

El Gobierno Vasco, en el marco de sus competencias en materia de servicios sociales, decide implantar una nueva prestación económica dirigida a personas en situación de vulnerabilidad. Para ello, inicia el procedimiento de regulación de dicha prestación como parte de su acción directa, sin haber recabado informe previo del órgano consultivo correspondiente en materia de servicios sociales. Una asociación del sector impugna la medida alegando que no se ha seguido el procedimiento legalmente establecido para su declaración como prestación del sistema. En el contexto descrito, conforme al artículo 39.4 de la Ley 12/2008, de Servicios Sociales, ¿qué requisito es necesario para que una prestación sea declarada como parte de la acción directa del Gobierno Vasco?

Pregunta 491

Karmele, de 82 años, vive sola. Debido a una enfermedad degenerativa, necesita ayuda diaria para asearse, vestirse y preparar sus comidas. Su hija Ane la atiende habitualmente, aunque compagina estos cuidados con su trabajo. Tras iniciar el procedimiento correspondiente, la administración competente valora la situación de Carmen y le reconoce un Grado II de dependencia (dependencia severa). Si la administración competente considera adecuado que Ane siga cuidando a su madre en el domicilio familiar, se le podría reconocer:

Pregunta 492

Lucía, de 16 años, y su hermano Diego, de 11, se han quedado huérfanos tras el fallecimiento de sus padres en un accidente. En testamento, los padres designaron como tutor a su amigo Luis, una persona de confianza que mantiene una excelente relación con ambos menores. Sin embargo, la abuela materna considera que debe ser ella quien asuma el cuidado de los niños. Mientras se resuelve la constitución de la tutela, los menores permanecen viviendo con la abuela, quien atiende sus necesidades diarias. La designación de Luis como tutor por los padres:

Pregunta 493

Sara tiene 8 años. Los servicios sociales detectan una situación de grave desatención por parte de sus progenitores: absentismo escolar reiterado, falta de cuidados básicos y problemas de consumo de sustancias en el domicilio. La entidad pública competente declara la situación de desamparo y asume la tutela de Sara. Tras valorar varias alternativas, decide que la menor conviva temporalmente con un matrimonio formado por Ana y Javier, quienes han sido previamente valorados como familia acogedora. Durante el acogimiento, Sara mantiene contactos periódicos con sus padres biológicos y expresa su deseo de seguir viviendo con Ana y Javier porque se siente segura y bien atendida. El caso es revisado periódicamente por la entidad pública constituyendo el interés del menor el principio rector de toda actuación de protección. Si desaparecen las causas que motivaron el desamparo y la reunificación es beneficiosa para Sara:

Pregunta 494

Ane tiene 14 años y vive en Donostia-San Sebastián. En su centro educativo sufre comentarios discriminatorios en redes sociales por su origen familiar. Ane solicita participar en las reuniones donde se debatirán las medidas para neutralizar dichos cometarios porque considera que su opinión debe ser escuchada. De igual forma sus padres solicitan la intervención del centro educativo y de los servicios competentes. Paralelamente, el ayuntamiento pone en marcha un programa para diseñar espacios de ocio juvenil y consulta a los adolescentes del municipio. En esta situación, qué papel le corresponde al centro teniendo en cuenta el interés superior de la menor y sus derechos a la participación, igualdad y protección.

Pregunta 495

Gorka y Arantxa están divorciados y tienen un hijo de 13 años llamado Jon. Ambos ejercen la patria potestad. Jon ha sido admitido en un centro educativo internacional situado en el extranjero. Arantxa considera que el traslado es muy beneficioso para su formación académica, mientras que Gorka se opone por considerar que perjudicará la relación familiar. Al no alcanzar un acuerdo sobre una decisión de especial relevancia para el menor, Arantxa presenta un expediente de jurisdicción voluntaria para que se atribuya la facultad de decidir sobre esta cuestión. Durante la tramitación, Jon manifiesta su deseo de cursar sus estudios en el extranjero. Al tener 13 años:

Pregunta 496

Una compañía aseguradora ofrece un seguro médico privado. Durante la contratación, informa a una clienta de que necesita saber si está embarazada y que, en caso afirmativo, la prima del seguro será más elevada debido a los costes asociados al embarazo. De acuerdo con la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, ¿cuál de las siguientes actuaciones es INCORRECTA?

Pregunta 497

María es una víctima de violencia de género que cumple con los requisitos de rentas bajas y especiales dificultades para obtener un empleo. Se encuentra en proceso de solicitar la ayuda social de pago único prevista en la Ley Orgánica 1/2004. María tiene a su cargo a un hijo menor de edad y a su madre, que convive con ella y tiene reconocida una discapacidad del 45%. En relación con el importe de la ayuda que María podría percibir según el artículo 27 de la LO 1/2004, señale la afirmación INCORRECTA:

Pregunta 498

En un proceso de selección para cubrir una plaza de monitor/a de un albergue de montaña, la entidad exige que la persona candidata pueda realizar rescates en zonas escarpadas cargando 25 kg de material. Una de las personas aspirantes denuncia que esta exigencia constituye discriminación por razón de sexo. Según la Ley Orgánica 3/2007, ¿cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente esta situación ?

Pregunta 499

Carolina, residente en Vitoria-Gasteiz, trabajó en una empresa de mensajería donde sufrió un trato discriminatorio por parte de su supervisor debido a su embarazo. Tras una baja por estrés, Carolina decide abandonar la empresa el 15 de febrero de 2025, fecha en la que cesa definitivamente la conducta discriminatoria. Hoy, 10 de marzo de 2026, Carolina acude a una asociación de defensa de los derechos de la mujer para que presenten una queja formal ante Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer en su nombre. Teniendo en cuenta lo establecido en el Decreto Legislativo 1/2023, de 16 de marzo, para que la queja de Carolina sea admitida a trámite por Emakunde:

Pregunta 500

Una ciudadana presenta una solicitud en euskera ante un ayuntamiento del País Vasco para la obtención de una subvención municipal. La Administración tramita el expediente y le notifica la resolución exclusivamente en castellano, sin ofrecer versión en euskera ni constar elección lingüística distinta por parte de la interesada. La ciudadana impugna la actuación administrativa por vulneración de sus derechos lingüísticos. Conforme a la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del euskera, ¿qué derecho ha sido vulnerado en el supuesto planteado?